Radiografía del proyecto oligarquico-imperialista

In Bolivia

Como estaba previsto, la conspiración y el golpe de estado contra el proceso revolucionario antiimperialista en Bolivia se han desencadenado a través de las acciones de la oligarquía oriental encabezada por el trío Fernando Camacho, Rubén Costas y Oscar Ortiz inmediatamente después de conocidos los resultados oficiales que daban el triunfo a Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones del 20 de octubre con el 47.5% de votos frente a los 36.9% de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC).

El fracaso del candidato oficial del poder regional cruceño, Oscar Ortiz, con Bolivia Dijo No (BDN) que apenas alcanzó el 4.2% de votos y la importante votación de Mesa en Santa Cruz, que ganó con el 46.8%, generó la nueva alianza del proyecto oligárquico-imperialista a partir de convertir a Mesa en prisionero del “trío oriental” con las acciones del Presidente del Comité Cívico Cruceño, Fernando Camacho, quien se ha convertido en el líder del movimiento y correa de transmisión de la estrategia de Washington.

Incluso el poder de la oligarquía cruceña podría prescindir de Carlos Mesa y desarrollar su estrategia separatista como ya lo hizo en octubre de 2008 y fue derrotada por los movimientos populares, como se advirtió en el último discurso de Camacho, el psado 31 de octubre.

Camacho a tiempo de denunciar la existencia de fraude y desconocer los resultados electorales planteó posesionar a Mesa como presidente (“el Guaidó boliviano”) en un acto en Santa Cruz a sólo dos días de las elecciones, ante tamaño despropósito dio un paso atrás y se conformó la Coordinadora de Defensa de la Democracia (CDD), bajo su control, constituida por un grupo de políticos neoliberales, dirigentes cívicos regionales conservadores y autoridades departamentales, quienes llamaron a sus seguidores a movilizarse con paros y bloqueos.

Los paros y bloqueos fueron realizados en las principales ciudades del país provocando enfrentamientos y hechos de violencia que se radicalizaron con las agresiones racistas de grupos como la Unión Juvenil Cruceñista o los “motoqueros” de Cochabamba que atacaron a migrantes collas, indígenas y cholas al identificarlos como masistas, con un saldo de dos muertos hasta el pasado viernes. El conflicto y la desestabilización del gobierno de Evo Morales impulsaron a los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (COB) y a los Movimientos Populares de campesinos, mujeres campesinas, indígenas, interculturales y juntas vecinales a tomar las ciudades respaldando a líder cocalero.

La COB y la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) se han declarado en emergencia, han tomado la ciudad de La Paz y han amenazado con avanzar hacia Santa Cruz para defender a sus bases sociales de trabajadores, comerciantes, vecinos y campesinos.

La CDD tiene como integrantes a Carlos Mesa, Fernando Camacho, Samuel Doria Medina (empresario y político neoliberal), Rubén Costas (gobernador de Santa Cruz), Adrián Oliva (gobernador de Tarija), Oscar Ortiz y Marco Pumari (Cívico potosino), todos representantes de las corrientes más conservadoras y proclives a las políticas de Estados Unidos y al neoliberalismo y enemigos de los procesos progresistas y de liberación nacional en la región.

Este comando político opositor que inicialmente denunció fraude electoral y pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó luego la realización de una auditoria electoral encabezada por la propia OEA y se atrincheró en la posición de anulación de las elecciones como parte de la estrategia conspirativa.

A su vez el gobierno del MAS aceptó la auditoria electoral y determinó hacer respetar la voluntad soberana del pueblo en las elecciones.

En estas circunstancias el desafío de Evo Morales es el de profundizar el proceso revolucionario antiimperialista con medidas que reafirmen la soberanía sobre los recursos naturales, las riquezas mineras y petroleras, la industrialización, la recuperación de tierras de los terratenientes para entregarlas a los campesinos, el control social y fiscalización sobre las empresas estatales y la ampliación de la democracia participativa.


Eduardo Paz Rada

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