A diez años de la expulsión del embajador estadounidense

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Por Fernando G. Torres Gorena

Históricamente la relación bilateral entre Bolivia y Estados Unidos se caracterizó por tres temas recurrentes: droga, democracia y desarrollo. Durante el gobierno de Evo Morales Ayma, sin duda alguna, se produjo un cambio significativo en dicho relacionamiento respecto al pasado republicano y neoliberal. Las políticas asumidas por el gobierno nacional para evitar la injerencia estadounidense fueron respondidas con fuerza desde el Norte. De hecho, la representación diplomática estadounidense en La Paz ensayó varias estrategias para mantener el status quo y la política del palo y la zanahoria pero no obtuvo los resultados esperados debido a las políticas soberanas asumidas por el gobierno nacional.

En palabras del embajador estadounidense, Philip Goldberg, la elección de Evo Morales Ayma como presidente “fue un terremoto político en Bolivia, barriendo a un lado las expectativas políticas que fueron definidas en la política boliviana por generaciones”. Es más, en 2006, la embajada en La Paz, intentó presionar al gobierno de Morales Ayma para que abandonara su discurso antiimperialista y moderara su actuación política y económica y sobre todo para que se ajustara a los intereses estadounidenses; le comunicaron que si no cooperaba, surtiría efecto el veto de Estados Unidos sobre préstamos multilaterales millonarios. Además, amenazaron con cancelar medidas para reducir la deuda externa boliviana, la postergación de los beneficios de la Cuenta del Milenio y el cese del apoyo material a las fuerzas de seguridad bolivianas.

Por su parte, Evo Morales Ayma, desafiando la presión extranjera, comenzó a reorientar la política exterior y de defensa marcando distanciamiento de Estados Unidos para acercar a Bolivia gradualmente a Cuba y Venezuela, respectivamente. Asimismo, anunció una investigación judicial por la desactivación de 28 misiles tierra-aire realizada por Estados Unidos en 2005 en complicidad con el Alto Mando militar boliviano y cabe recordar que en 2007 Bolivia puso en vigencia el visado para ciudadanos norteamericanos que deseaban ingresar a Bolivia como turistas en reciprocidad a las exigencias para con los ciudadanos bolivianos.

A su vez, el Departamento de Estado comenzó a trabajar de manera coordinada con la oposición boliviana denominada “media luna” para reforzar a los gobiernos regionales como contrapeso del gobierno central. En ese contexto, la cooperación estadounidense canalizada mediante la United States Agency for International Development (USAID) se concentró en apoyar a organizaciones civiles de la región oriental y sureña del territorio nacional. Existe bastante información que demuestra el trabajo que realizaron el International Republican Institute (IRI) y el National Democratic Institute for International Affairs (NDI) organizando capacitaciones sobre democracia y participación electoral para partidos políticos, instituciones cívicas y agrupaciones ciudadanas contrarias al gobierno nacional. El financiamiento económico además fue destinado a grupos indígenas locales que, en ese entonces, se oponían a la visión de las comunidades indígenas de Evo Morales Ayma.

En febrero de 2008, el gobierno boliviano canceló de manera indefinida un convenio de ayuda de médicos militares de Estados Unidos que trabajaban en áreas rurales y anunció que militares y policías bolivianos no serían becados en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para evitar mayor influencia y adoctrinamiento imperial en asuntos políticos y de seguridad.

Los violentos acontecimientos que se produjeron durante agosto y septiembre de ese mismo año en las regiones opositoras hacen presumir que el Departamento de Estado concibió seriamente la posibilidad de un golpe de Estado y/o el asesinato del Presidente Evo Morales Ayma mediante la activación de un Comité de Acciones de Emergencia y del Equipo de Evaluación Situacional Comando Sur, que tenían un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada. Todo indica que las acciones debían ser desarrolladas por movimientos políticos opositores en las regiones que componían la media luna. Tras meses de profunda crisis política y social, el intento de golpe de Estado cívico-prefectural fracasó debido al apoyo mayoritario de la población hacia el gobierno y por la cooperación brindada por varios Estados vecinos que emitieron una declaración de apoyo al gobierno constitucional de Bolivia en la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) desde Santiago de Chile.

Con esos antecedentes, el 10 de septiembre de 2008, el Presidente Evo Morales Ayma declaró al Embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg (2006- 2008) como persona non grata, situación que, de acuerdo a Derecho Internacional Público, significa que el Estado receptor comunica al Estado acreditante la expulsión del jefe de misión o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El presidente boliviano afirmó que el jefe de la misión diplomática estadounidense había conspirado junto a líderes opositores regionales para desestabilizar a su gobierno y que buscaba la división territorial del país. Tras esa declaración el embajador estadounidense expresó su sorpresa sobre esa “inexplicable” determinación. A ese impasse diplomático, Estados Unidos respondió con la expulsión del embajador boliviano de Washington. Lo que pasó después de esa decisión de política exterior boliviana es otra historia.

Fuente: https://elpais.bo/a-diez-anos-de-la-expulsion-del-embajador-estadounidense/

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